Usan más militares como policías: CIDE

Superando la impunidad – Primera Plana de El Universal

Usan más militares como policías: CIDE

Sábado 17 de septiembre de 2011
María de la Luz González | El Universal

Desde 2006 se ha incrementado 68% el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, desde 30 mil elementos hasta los 51 mil que se calcula estarán desplegados a fines de este año, de acuerdo con una investigación auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El texto Superar la impunidad. Hacia una estrategia para el acceso a la justicia en México, coordinado por Mariclaire Acosta, afirma que además “en 14 de las 32 entidades federativas de la República, los titulares de la dependencia encargada de la seguridad pública es un militar, mientras que en seis entidades los encargados de las instituciones policiacas locales son militares, sin contar la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en 25 estados”.

Destaca que 36% de los directores de seguridad pública de los 50 municipios con más homicidios en el país tienen mandos militares y que la seguridad pública en los cinco municipios que registran más homicidios —Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana— tienen como titular a un militar en retiro, sin que esto repercuta directamente en la disminución de las ejecuciones registradas en esos lugares.

Instituciones diferentes

Establece que en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del 31 de diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió a los estados miembros de la OEA sobre la creciente participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y alarma que “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.

En la investigación se afirma que las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un mil por ciento entre 2006 y 2009; 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, dice que otro indicador preocupante en este sentido es que de los 10 estados más afectados por la violencia del narcotráfico en la primera mitad de 2010, la mayoría tiene índices de desarrollo humano superiores al del país en su conjunto.

“Más aún, casi todos cuentan con un número considerable de oficiales de policía por población —similar al de Estados Unidos—, lo cual indica que el problema no es la ausencia de control territorial por parte del Estado, como se argumenta en círculos oficiales, sino el secuestro de las instituciones policiales y judiciales por parte del crimen organizado, sea a través de la corrupción o la coerción”, establece.

Y agrega que resulta preciso entender el grado de penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, factor que hace que muchas de las estrategias que pudieran estar funcionando en otras partes del mundo no funcionen en México

De acuerdo con el reporte, México padece una seria debilidad institucional, especialmente en materia de rendición de cuentas y mecanismos de control del poder, lo cual incentiva la corrupción y una cultura de incumplimiento de las leyes existentes.

Agrega que entre las instituciones más afectadas por la fragmentación del poder y la falta de coordinación entre instancias de gobierno se encuentran las de seguridad y justicia.

Sostiene el reporte que la estrategia del gobierno federal para enfrentar a la delincuencia organizada, se ha traducido en un incremento en los índices de violencia y de inseguridad en el país a niveles imprevistos.

De acuerdo con el documento auspiciado por el CIDE, las instituciones de justicia penal mexicanas “castigan una fracción ínfima de los delitos que se cometen, persiguen delitos menores pero no los más importantes, sancionan la pobreza, ofenden los derechos de las víctimas y de los imputados por igual, y no logran esclarecer la verdad ni resolver el conflicto social”.

Refiere que la lucha contra la inseguridad en México “es un espacio de desacuerdo y disputa cívica, jurídica, intelectual y política”, y analiza las deficiencias de las políticas públicas impulsadas por el actual gobierno para el combate a la delincuencia organizada, basadas en el uso de la fuerza.

“Este estado de cosas, aunado al colapso del sistema de justicia penal, ha incrementado la impunidad de los delitos graves como el homicidio y el secuestro, por ende, la exasperación y el temor de la población, sin que se vislumbren todavía muchas alternativas viables”, asegura.

De acuerdo con la investigación, existen varias razones de carácter estructural que inciden en la situación de impunidad crónica que vive el país.

Entre éstas, la investigación destaca “la pesada herencia autoritaria en el sistema político, sobre todo en el régimen de poder, el cual, pese al advenimiento de la competencia electoral, dista mucho de ser democrático”.

Considera que ese déficit democrático, sumado a la desigualdad socioeconómica y territorial que nos caracteriza al país,” obstaculiza el desarrollo, y deviene en exclusión y falta de oportunidades para vastos sectores de la población, especialmente los jóvenes”.

Este grupo, debido al bajo crecimiento económico del país en su conjunto, no logra ingresar al mercado laboral, pasando a formar parte de la economía informal y, en muchas ocasiones, del ejército de reserva de la delincuencia, especialmente la delincuencia organizada.

“El lastre autoritario es una causa principal de la inexistencia de un Estado democrático de derecho basado en el imperio de la ley, en donde todos sean iguales ante ésta y ésta sea igual para todos”, asegura la investigación.

Hablemos de Acuerdos

Por María Elena Morera

“yo en ese debate me inclinaría porque tenemos uno muy bueno (el Acuerdo Nacional por la Seguridad, La Justicia y la Legalidad) y que hemos fallado en hacerlo cumplir”.

Felipe Calderón en el encuentro con la UNAM

Hace tres años la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad nos llenó de grandes expectativas para poder recuperar nuestra seguridad y encaminarnos al sendero del desarrollo pleno que nos merecemos los mexicanos.

Lamentablemente en estos tres años, la evaluación de los resultados del Acuerdo no ha sido la esperada. Si en el primer año las expectativas de éxito comenzaron su descenso, para éste último año, el balance fue muy
alejado de lo que esperábamos los mexicanos. La realidad superó a lo firmado y la cantidad de muertes violentas así como la suma de los delitos en todo el país, nos dieron una triste realidad: muchos compromisos no se han cumplido, otros están parcialmente cumplidos y otros más son verdaderas obras de simulación.

El diagnostico general de cumplimiento que elaboramos en Causa en Común A.C. mismo que se puede encontrar completo en: http://www.causaencomun.org.mx/docs/III_evaluacion_ANSJL.pdf presenta a un Poder Ejecutivo Federal con un 44% de compromisos cumplidos; con un 53% de ellos cumplidos de manera parciales y con 3% sin cumplir. El Poder Legislativo tiene un 86% de compromisos cumplidos y tiene un 14% cumplido parcialmente y el Poder Judicial de la Federación por su parte, tiene un 70% de compromisos cumplidos y un 30% cumplido parcialmente.

El mayor de los problemas lo encontramos en el incumplimiento de los compromisos de los gobernadores quienes tienen 0% de ellos cumplidos, 83% de forma parcial y 17% que no han cumplido. Los alcaldes tienen 0% cumplidos, 18% cumplidos parcialmente y de plano un 82% de ellos sin cumplir.

Hace tres años se firmó un Acuerdo que tenía una mejor intención que tomarse la foto. El problema es que sus logros fueron simulados por nuestras autoridades ocasionando un daño a nuestra seguridad y a nuestra confianza ciudadana.

Existen acciones que se pretendían para disminuir los delitos como el secuestro sin embargo este continua en aumento siendo que paso de 825 en 2008 a 1,262 en 2010 y al mes de mayo de 2011 se habían registrado un total de 644 lo que hace previsible que al cierre de este año se supere la cifra del año precedente. Además las Unidades Estatales de Combate al Secuestro aún no tienen al total de sus elementos evaluados y certificados, lo que puede propiciar la existencia de elementos no aptos para cumplir con sus funciones.

En el caso de las policías, encontramos que a pesar que el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza fue aprobado el 14 de noviembre de 2008 en Consejo Nacional de Seguridad Pública y ratificado el 4 de febrero de 2010 en la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, existen avances su aplicación a nivel nacional en el último año y en la mayoría de las entidades federativas existen grandes rezagos.

En este tema el panorama es que el número de Centros de Control de Confianza certificados ha aumentado en el último año. Sin embargo aun existe un gran número de centros que no han sido certificados. A nivel federal se han certificado los centros de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública. En las entidades sólo hay 8 centros certificados, y hay estados que aun no cuentan con un centro y otras entidades en las que se ha creado pero no cumple con los criterios mínimos establecidos por la federación.

Esta situación ha repercutido en que exista un gran porcentaje de personal pendiente de evaluación en las instituciones de seguridad y justicia tanto a nivel federal como en los estados. En éstos últimos por ejemplo, se tiene que sólo 10 de ellas cumplieron con la evaluación al 100% de sus altos mandos, lo que resulta en que el 29.07% de ellos (79 funcionarios) aun no estén evaluados.

En lo referente al fortalecimiento de los ministerios públicos se registra un promedio de 11,019 delitos al mes como parte de un compromiso cumplido, sin embargo la cifra de personas con un proceso en algún juzgado es mucho menor a la cifra reportada y a la población de los penales.

En lo referente al sistema penitenciario tampoco se logro cumplir con el compromiso de construir dos Centros Federales de Readaptación Social en dos años. El pasado 11 de julio entro en funciones el CEFERESO 8 en Guasave, Sinaloa quedando pendiente el CEFERESO de Papantla, Veracruz y los módulos especiales para secuestradores. La creación de estos centros es urgente ante el alto porcentaje de internos del fuero federal en los centros estatales que son en gran parte, la causa de la sobrepoblación y la violencia.

La emisión de una Cédula de Identidad, también es un caso fallido. Inicialmente el objetivo consistía en la integración de un solo sistema denominado: Servicio Nacional de Identificación Personal y la emisión de la
Cédula de Identidad que consideraría a la población mexicana en su totalidad, sin embargo por cuestiones jurídicas y políticas se redujo a los menores de edad de 4 a 17 años. Se había comprometido que a los tres años de la firma del Acuerdo se daría cumplimiento a este derecho que había sido postergado por décadas.

Los trabajos de registro para obtener la cédula de identidad sólo se iniciaron en 6 entidades: Baja California, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa. A julio de 2011 el programa de inscripción al Registro de
Menores de Edad, cuenta con 1,130, 935 menores, que representa tan sólo el 12.7% de la población de 4 a 17 años en sus respectivas entidades, y a nivel nacional es una cifra muy baja comparada con los 25 millones de menores que deberían estar registrados.

La ausencia de un Servicio Nacional de Identificación Personal ha permitido que exista la falta de certeza en la identidad; duplicidad de identidades; generación de redes de corrupción en la falsificación y alteración de documentos oficiales y conflictos interinstitucionales.

Por otra parte, los municipios siguen siendo los más rezagados en cuanto el cumplimiento del Acuerdo. Un gran porcentaje no ha entregado información al SNSP aún siendo beneficiados por SUBSEMUN lo que revela la ausencia de rendición de cuentas en este nivel de gobierno. En algunos compromisos, el porcentaje que no entregó información alcanza hasta el 42% como el relativo al Servicio Civil de Carrera.

Hay 10 municipios que no entregaron información alguna en relación a ningún compromiso, en tal caso encontramos: Silao, Valle de Santiago, Dolores Hidalgo y Penjamo del Estado de Guanajuato, Lerma, Tenancingo y Zumpango del Estado de México, Salina Cruz, Oaxaca y Acayucán y Coatepec del Estado de Veracruz.

De la misma forma tan sólo el 44% de los municipios beneficiados por SUBSEMUN dio cumplimiento al compromiso de regularizar las licencias colectivas de portación de armas de fuego. Esto significa que existen
policías municipales que portan armas y no están amparados con esta licencia y desconocemos si están capacitados para manejarla. Entre los municipios que no han cumplido con este compromiso se encuentran: Aguascalientes, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Monclova, Pachuca, Guadalajara, Tlaquepaque, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Uruapan y Cuernavaca.

Finalmente quisiera que reflexiones juntos en la recientemente anunciada Procuraduría Social que tendría como finalidad la atención a víctimas ya que según la información que disponemos, existen grandes vacios en cuanto a la coordinación con las entidades federativas, porque tras la firma del Convenio Marco para Fortalecer y Consolidar las Redes de Atención a Víctimas del Delito a Nivel Nacional en 2009, hoy en día muchas familias víctimas del delito continúan sin la debida atención.

Hablemos entonces de nuevos Acuerdos pero tengamos presente que si bien son una forma para empezar a enmendar el camino en búsqueda de nuestra seguridad, éstos tienen que cumplirse sin simulación, necesitamos recuperar la confianza no perderla a cada firma y con cada foto de nuestras
autoridades.

Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia

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Estrategias de combate a efectos psicosociales de la violencia desde la sociedad civil

Mauricio Meschoulam / @maurimm

Como respuesta a preguntas concretas que han surgido a partir de  conferencias que he estado impartiendo y al interés que ha suscitado el tema, resumo a continuación algo de lo que aparece en la literatura sobre terrorismo, asumiendo que los efectos psico-sociales que se viven en México son en parte exactamente los mismos, y que otros (que hemos denominado consecuencias del proto-terrorismo) se asemejan lo suficiente como para suponer que estas estrategias probadas en muchos países pudiesen ser igualmente efectivas acá. Estas son algunas de las acciones que debemos implementar cuanto antes desde la sociedad civil:

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Para cruzar el río

Edna Jaime / Excelsior

Existe una preocupación profunda entre los mexicanos por la situación que vive el país.  Esa angustia compartida se agudiza porque en el fondo no acabamos de entender de qué está hecho el fenómeno de violencia que presenciamos y, más todavía, no se percibe que la estrategia gubernamental nos esté llevando a algún lado.

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Los significados de la palabra presidencial

Edna Jaime / Excelsior

En la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se escucharon palabras distintas. Con la reunión de Chapultepec todavía resonando en la opinión pública, el Ejecutivo federal incorporó elementos discursivos que no se le habían escuchado con anterioridad. Fijó su atención en las víctimas y su dolor. Así, sustentándose en demandas legítimas de las muchas voces de mexicanos que ha escuchado desde que decidió abrirse a dialogar con ellos, encomió a los gobernadores de los 31 estados presentes a abrir también los canales de su sensibilidad. Lo que está en juego en el tema de la seguridad no son solamente cifras de un parte de guerra, sino vidas humanas rotas o marcadas para siempre, también el desasosiego de miles de vivir en comunidades inseguras exponiendo la vida, el patrimonio y la tranquilidad, les expresó.

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¿Bella estrategia?

Denise Dresser / Diario Reforma / 27 junio 2011

Para: Felipe Calderón.

De: una ciudadana presente en el Diálogo en el Castillo de Chapultepec.

Señor Presidente, aplaudo el diálogo que tuvo lugar entre usted, Javier Sicilia y las víctimas de la violencia que vive el país. Reconozco el valor de sentar en la misma mesa a gobernantes y gobernados, a quienes no tienen poder y a quienes lo ejercen, a ciudadanos y a quienes deberían actuar como sus representantes, pero que con demasiada frecuencia no lo hacen. Celebro un evento reconocido como excepcional a pesar de que no debería serlo y tardó demasiado en ocurrir. Aplaudo que su gobierno demuestre el deseo de escuchar en vez de ignorar, atender en vez de posponer, encarar la magnitud de los agravios en vez de justificarlos. Todo ello es un indicador de avance. Un pequeño paso en la dirección correcta. Una rendija de oportunidad ante lo que ha sido -hasta ahora- una ventana cerrada.

Pero detrás de la forma loable, persiste el fondo cuestionable. Detrás de la interlocución aplaudible, permanece la obcecación sorprendente. Detrás del diálogo sobre la estrategia gubernamental, queda la percepción de que usted no está, en realidad, dispuesto a reformarla. Su posición fue clara y contundente. Ante la violencia el Estado no puede permanecer indiferente, dijo. Hubiera sido más cómodo para mí no actuar, insistió. Aceptaré la crítica -aún injusta- por haber actuado, reiteró. Muchos no hicieron nada y yo en cambio actué, argumentó. No claudicaré, avisó. Y así confirmó un patrón de comportamiento que ha sido sello de su gobierno y razón de los cuestionamientos crecientes hacia él. Ahondó la brecha entre su postura y la de quienes padecen los costos de una estrategia mal diseñada.

La brecha entre esfuerzo y resultados, entre intención e impactos, entre el orgullo que usted siente por haber actuado y lo que ha producido esa actuación. El mensaje que usted manda es que México estaría mucho peor si usted no hubiera demostrado la osadía que le regateamos. Si usted no hubiera desplegado la valentía que le escatimamos. En el Castillo de Chapultepec mostró humor y humildad, tolerancia y humanidad. Pero en el tema de fondo -el replanteamiento de la estrategia de combate al crimen- no estuvo dispuesto a moverse. Al contrario, lo que hubo de su parte fue un reproche a nosotros por no comprender que actúa correctamente.

Lo que quizás usted no entiende es que Javier Sicilia y quienes lo acompañamos no le estamos pidiendo que deje de combatir a los criminales, sino que lo haga de mejor manera. No le estamos exigiendo que el Estado abdique de su responsabilidad, sino que la ejerza con más inteligencia. No le estamos diciendo que cese en sus esfuerzos, sino que deje de confundir esos esfuerzos con la eficacia. Porque quedan pendientes las preguntas de Javier Sicilia: ¿dónde están las ganancias de la estrategia seguida hasta el momento? ¿Hay un solo indicador que hable de la ruta correcta? Como dijera Winston Churchill -con quien usted se identifica-, “Por más bella que sea la estrategia, ocasionalmente hay que mirar los resultados”.

Ante los resultados conocidos -este México nuestro de decapitados y acribillados y una violencia que escala cada vez más- añado las siguientes preguntas a las que Javier Sicilia le formuló. ¿Su estrategia ha producido los resultados deseados más allá del número de capos que ha logrado aprehender? ¿No será que en lugar de reducir la violencia ha contribuido a su incremento? ¿No será que en vez de contener a los cárteles ha llevado a su dispersión? ¿No será que en lugar de mejorar la coordinación entre las agencias del sector de seguridad nacional ha alentado la duplicación de funciones y el cambio constante de agendas entre ellas? ¿No será que en vez de fomentar la colaboración entre los tres niveles de gobierno ha acentuado su disfuncionalidad? ¿Acaso México hoy es un país más seguro, menos inestable, menos violento que cuando usted envió al Ejército a las calles?

¿No es cierto que aunque el gobierno ha podido capturar o matar a capos de alto nivel, las detenciones han provocado divisiones entre los cárteles y el surgimiento de nuevas organizaciones? ¿No es cierto que, a su vez, estas divisiones y las acciones vengativas contra el gobierno han generado una alza abrupta en la violencia?

¿No es cierto que aunque su gobierno ha producido la fragmentación de las organizaciones criminales, su dispersión a lo largo del territorio nacional ha impedido la recuperación de espacios públicos? ¿No es cierto que al cortar una cabeza surgen cinco más? ¿No es cierto que esta guerra -librada así- no va a producir una victoria contundente sino una violencia sin fin? ¿No es cierto que la responsabilidad sobre la búsqueda de alternativas viables a la estrategia actual recae en sus hombros y no en los de las víctimas?

Finalmente, señor Presidente, ¿no es cierto que el liderazgo efectivo se evalúa en función de resultados y no de esfuerzos? ¿O le parece injusto que midamos su bella estrategia así? ¿Debemos aplaudir que haya lanzado una piedra aunque -como boomerang- regresó a pegarnos en la cabeza?

El gasto en SEGURIDAD: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de recursos

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Huérfanos, cárceles, mujeres y drogas: las secuelas de la guerra vs el narcotráfico

Hijos de la guerra

“Para que las drogas no lleguen a tus hijos” es el lema de la campaña mediática que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para promover su principal política pública en materia de combate a las adicciones y a la inseguridad: su tristemente célebre “guerra contra las drogas”. En los últimos años, se ha comenzado a estudiar el alcance de los daños sociales que ha dejado la guerra de Calderón. Uno de estos “daños” es el número de niños y niñas que han quedado huérfanas. En octubre de 2010, el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, estimó que para enero de ese mismo año la cifra de huérfanos en ese estado oscilaba entre 11 mil y 12 mil niños. Extendido al resto del país, el cálculo de huérfanos, para finales de 2010, ascendía a 50,000.

Preocupa saber que la guerra contra las drogas está afectando a niños y niñas de todo el país. Igualmente preocupante es ver que el Estado ofrece poco o nada para remediar su situación. Con las prioridades puestas en el combate al tráfico de drogas ilícitas con destino a EE.UU. –se ha aumentado las filas del ejército y la policía federal, comprado armamento o invertido en nuevas y más grandes prisiones–, la asistencia social para estos niños y niñas no existe ni en el discurso, ni en el presupuesto gubernamental. La consecuencia, ya advertida por muchos, es que nuestros huérfanos y huérfanas quedan aun más expuestos y vulnerables ante la violencia de crimen organizado, sea como víctimas o como reclutas.

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