Hablemos de Acuerdos

Por María Elena Morera

“yo en ese debate me inclinaría porque tenemos uno muy bueno (el Acuerdo Nacional por la Seguridad, La Justicia y la Legalidad) y que hemos fallado en hacerlo cumplir”.

Felipe Calderón en el encuentro con la UNAM

Hace tres años la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad nos llenó de grandes expectativas para poder recuperar nuestra seguridad y encaminarnos al sendero del desarrollo pleno que nos merecemos los mexicanos.

Lamentablemente en estos tres años, la evaluación de los resultados del Acuerdo no ha sido la esperada. Si en el primer año las expectativas de éxito comenzaron su descenso, para éste último año, el balance fue muy
alejado de lo que esperábamos los mexicanos. La realidad superó a lo firmado y la cantidad de muertes violentas así como la suma de los delitos en todo el país, nos dieron una triste realidad: muchos compromisos no se han cumplido, otros están parcialmente cumplidos y otros más son verdaderas obras de simulación.

El diagnostico general de cumplimiento que elaboramos en Causa en Común A.C. mismo que se puede encontrar completo en: http://www.causaencomun.org.mx/docs/III_evaluacion_ANSJL.pdf presenta a un Poder Ejecutivo Federal con un 44% de compromisos cumplidos; con un 53% de ellos cumplidos de manera parciales y con 3% sin cumplir. El Poder Legislativo tiene un 86% de compromisos cumplidos y tiene un 14% cumplido parcialmente y el Poder Judicial de la Federación por su parte, tiene un 70% de compromisos cumplidos y un 30% cumplido parcialmente.

El mayor de los problemas lo encontramos en el incumplimiento de los compromisos de los gobernadores quienes tienen 0% de ellos cumplidos, 83% de forma parcial y 17% que no han cumplido. Los alcaldes tienen 0% cumplidos, 18% cumplidos parcialmente y de plano un 82% de ellos sin cumplir.

Hace tres años se firmó un Acuerdo que tenía una mejor intención que tomarse la foto. El problema es que sus logros fueron simulados por nuestras autoridades ocasionando un daño a nuestra seguridad y a nuestra confianza ciudadana.

Existen acciones que se pretendían para disminuir los delitos como el secuestro sin embargo este continua en aumento siendo que paso de 825 en 2008 a 1,262 en 2010 y al mes de mayo de 2011 se habían registrado un total de 644 lo que hace previsible que al cierre de este año se supere la cifra del año precedente. Además las Unidades Estatales de Combate al Secuestro aún no tienen al total de sus elementos evaluados y certificados, lo que puede propiciar la existencia de elementos no aptos para cumplir con sus funciones.

En el caso de las policías, encontramos que a pesar que el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza fue aprobado el 14 de noviembre de 2008 en Consejo Nacional de Seguridad Pública y ratificado el 4 de febrero de 2010 en la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, existen avances su aplicación a nivel nacional en el último año y en la mayoría de las entidades federativas existen grandes rezagos.

En este tema el panorama es que el número de Centros de Control de Confianza certificados ha aumentado en el último año. Sin embargo aun existe un gran número de centros que no han sido certificados. A nivel federal se han certificado los centros de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública. En las entidades sólo hay 8 centros certificados, y hay estados que aun no cuentan con un centro y otras entidades en las que se ha creado pero no cumple con los criterios mínimos establecidos por la federación.

Esta situación ha repercutido en que exista un gran porcentaje de personal pendiente de evaluación en las instituciones de seguridad y justicia tanto a nivel federal como en los estados. En éstos últimos por ejemplo, se tiene que sólo 10 de ellas cumplieron con la evaluación al 100% de sus altos mandos, lo que resulta en que el 29.07% de ellos (79 funcionarios) aun no estén evaluados.

En lo referente al fortalecimiento de los ministerios públicos se registra un promedio de 11,019 delitos al mes como parte de un compromiso cumplido, sin embargo la cifra de personas con un proceso en algún juzgado es mucho menor a la cifra reportada y a la población de los penales.

En lo referente al sistema penitenciario tampoco se logro cumplir con el compromiso de construir dos Centros Federales de Readaptación Social en dos años. El pasado 11 de julio entro en funciones el CEFERESO 8 en Guasave, Sinaloa quedando pendiente el CEFERESO de Papantla, Veracruz y los módulos especiales para secuestradores. La creación de estos centros es urgente ante el alto porcentaje de internos del fuero federal en los centros estatales que son en gran parte, la causa de la sobrepoblación y la violencia.

La emisión de una Cédula de Identidad, también es un caso fallido. Inicialmente el objetivo consistía en la integración de un solo sistema denominado: Servicio Nacional de Identificación Personal y la emisión de la
Cédula de Identidad que consideraría a la población mexicana en su totalidad, sin embargo por cuestiones jurídicas y políticas se redujo a los menores de edad de 4 a 17 años. Se había comprometido que a los tres años de la firma del Acuerdo se daría cumplimiento a este derecho que había sido postergado por décadas.

Los trabajos de registro para obtener la cédula de identidad sólo se iniciaron en 6 entidades: Baja California, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa. A julio de 2011 el programa de inscripción al Registro de
Menores de Edad, cuenta con 1,130, 935 menores, que representa tan sólo el 12.7% de la población de 4 a 17 años en sus respectivas entidades, y a nivel nacional es una cifra muy baja comparada con los 25 millones de menores que deberían estar registrados.

La ausencia de un Servicio Nacional de Identificación Personal ha permitido que exista la falta de certeza en la identidad; duplicidad de identidades; generación de redes de corrupción en la falsificación y alteración de documentos oficiales y conflictos interinstitucionales.

Por otra parte, los municipios siguen siendo los más rezagados en cuanto el cumplimiento del Acuerdo. Un gran porcentaje no ha entregado información al SNSP aún siendo beneficiados por SUBSEMUN lo que revela la ausencia de rendición de cuentas en este nivel de gobierno. En algunos compromisos, el porcentaje que no entregó información alcanza hasta el 42% como el relativo al Servicio Civil de Carrera.

Hay 10 municipios que no entregaron información alguna en relación a ningún compromiso, en tal caso encontramos: Silao, Valle de Santiago, Dolores Hidalgo y Penjamo del Estado de Guanajuato, Lerma, Tenancingo y Zumpango del Estado de México, Salina Cruz, Oaxaca y Acayucán y Coatepec del Estado de Veracruz.

De la misma forma tan sólo el 44% de los municipios beneficiados por SUBSEMUN dio cumplimiento al compromiso de regularizar las licencias colectivas de portación de armas de fuego. Esto significa que existen
policías municipales que portan armas y no están amparados con esta licencia y desconocemos si están capacitados para manejarla. Entre los municipios que no han cumplido con este compromiso se encuentran: Aguascalientes, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Monclova, Pachuca, Guadalajara, Tlaquepaque, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Uruapan y Cuernavaca.

Finalmente quisiera que reflexiones juntos en la recientemente anunciada Procuraduría Social que tendría como finalidad la atención a víctimas ya que según la información que disponemos, existen grandes vacios en cuanto a la coordinación con las entidades federativas, porque tras la firma del Convenio Marco para Fortalecer y Consolidar las Redes de Atención a Víctimas del Delito a Nivel Nacional en 2009, hoy en día muchas familias víctimas del delito continúan sin la debida atención.

Hablemos entonces de nuevos Acuerdos pero tengamos presente que si bien son una forma para empezar a enmendar el camino en búsqueda de nuestra seguridad, éstos tienen que cumplirse sin simulación, necesitamos recuperar la confianza no perderla a cada firma y con cada foto de nuestras
autoridades.

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