PRESENTACIÓN

Ilustración cortesía de Patricia Henríquez Bremer

Violencia, inseguridad, crimen e impunidad son palabras que a últimas fechas escuchamos con demasiada frecuencia. En este atribulado México de hoy, nos topamos con ellas en todas partes. Están, desde luego, en las noticias cotidianas, pero también en nuestras conversaciones, en las reuniones sociales, en el trabajo, cuando decidimos viajar a alguna parte o cuando esperamos visitas de fuera. Se han convertido en los elementos centrales de nuestro paisaje anímico y nuestro imaginario social. Forman parte de esa sensación de vulnerabilidad que nos acompaña con frecuencia y que constituye lo que lo que los medios denominan una “crisis de seguridad”.

Se trata de conceptos estrechamente relacionados entre sí, aunque no necesariamente de una forma muy clara. Todos ellos se entretejen en una especie de madeja maléfica que, en el mundo real, termina por desintegrar el tejido social y debilitar las bases institucionales y democráticas de un país. Este es precisamente el caso de México: nuestra madeja tiene muchos hilos y demasiados nudos entre ellos, que terminan por complicar aún mas un contexto de suyo históricamente difícil.

Nadie duda que México, desde su muy discutida “transición a la democracia” haya experimentado avances institucionales y políticos nada despreciables. Muestra de ello son los diversos mecanismos creados para proteger los derechos humanos de las personas, establecer bases para la transparencia y rendición de cuentas de instituciones públicas y fomentar algunos espacios de participación ciudadana. Recientemente culminó un proceso de reforma constitucional de larga data que incorporó los derechos humanos a la Carta Magna y nos sacó del rezago histórico en esa materia. Sin embargo, nada de ello ha sido suficiente para abatir la inseguridad ni para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas tanto de la delincuencia común como de violaciones a los derechos humanos. Mientras no esté garantizado el acceso a la justicia en nuestro país, no podremos construir una democracia sustantiva, esa que permite y alienta el ejercicio de los derechos y, por ende, de la ciudadanía. Como veremos en el presente documento, la democracia en México se encuentra lejos de estar consolidada. Si no lo logramos pronto, corremos el riesgo de perder lo poco que se ha ganado con gran esfuerzo y peor aún, exponernos a una permanente condición de inestabilidad y atraso.

Entender cómo se entrelazan los hilos de la impunidad en esa “madeja” (tanto en los conceptos que la definen, como en los problemas y las realidades actuales del país), puede ser una labor que dure años y sea objeto de diversos estudios y perspectivas. La intención de este proyecto de investigación no es analizar a profundidad todos los temas, ni proponer soluciones para cada uno de ellos. Más bien, busca generar una reflexión sobre la relación entre impunidad, justicia y seguridad en México, desde la perspectiva de los derechos humanos, con la intención de contribuir a encontrarles una salida. En otras palabras, nos proponemos agregar un pequeño grano de arena en la construcción de una agenda necesaria para abordarlos como problemas de derechos humanos, con el propósito último de elevar la percepción pública de la gravedad del problema y de su efecto corrosivo en las posibilidades de construir una gobernabilidad democrática.

MARICLAIRE ACOSTA
Investigadora afiliada CIDE
Agosto 2011.